Por qué se intensifica la privatización de la sanidad andaluza

Autora: Chiqui Cruz Rojo

La privatización en Andalucía sigue su camino imparable. En la provincia de Cádiz son varias las localidades cuyos centros públicos derivan a especialistas de hospitales privados de Pascual. Vithas, el segundo grupo de la sanidad privada en el Estado español será sede de los servicios quirúrgicos del hospital sevillano Virgen del Rocío. Pascual, el mayor holding privado de Andalucía, logra externalizaciones, privatizaciones, de distintos servicios sanitarios para el distrito Huelva-Costa. Ambas empresas consiguen sin concurso los mayores contratos de emergencia de la sanidad de Andalucía: conciertos por 5 millones de euros. Cepsa se lleva la privatización de los residuos infecciosos de los hospitales del SAS y a la empresa Eulen seguridad se le adjudica funciones de vigilancia y seguridad para el hospital Virgen de la Victoria de Malaga (1). La Junta de Andalucía vuelve a premiar, a pagar, a estas empresas lo que no invierte en los hospitales públicos. Así, el gobierno andaluz en sus presupuestos aumenta la inversión tímidamente en personal y servicios sanitarios públicos, mientras aumenta enormemente en servicios privados (un aumento del 43% en conciertos con centros privados y un 58% en material sanitario y farmacia) (2).

Las consecuencias de este traspaso de dinero público al sector privado se notan de manera alarmante en todo el sistema, empezando por su sostén, su “puerta de entrada”: la Atención Primaria, que, con la excusa de la pandemia, dejó de prestar importantes servicios de prevención como los seguimientos de programas de salud y de atención a las patologías. Las consultas se colapsan al no reforzar a personal que ha tenido que afrontar la pandemia y amenaza el cierre de Centros de Salud como el de “Cerro Amate” en Sevilla. Esta situación la ha sufrido nuestra población con los abusos en consultas telefónicas y el aumento de las listas de esperas. La prevención y promoción de la salud brillan por su ausencia y la Atención Especializada ve aumentar sus listas de espera a pesar de que hay menos derivaciones por los retrasos y el colapso en la Atención Primaria. La gente, o directamente no va a las consultas de medicina general, o ataja su atención a través de los servicios de urgencias. Lo mismo ocurre con las medidas de Salud Pública, Epidemiología y los Sistemas de Información, estos últimos privatizados por el gobierno actual.

Siguiendo los pasos de las residencias de mayores, otro importante sector que está sufriendo las privatizaciones es la Salud Mental. Según la encuesta de morbilidad hospitalaria del INE, en 2019, los problemas de salud mental ocasionaron las mayores estancias hospitalarias en el estado español: casi seis millones (5.965.518), un 15,1% del total, y con los mayores tiempos ingresados (50,6 días de media), más que las enfermedades circulatorias y respiratorias (3). Las cuatro principales compañías privadas de salud mental en todo el estado tienen como accionista mayoritario a un fondo de inversión. Tres de estas cuatro compañías pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos. De esta forma, mediante la inyección de dinero publico a las empresas privadas, primero más pequeñas y estatales, éstas son adquiridas por grandes empresas europeas, líderes en ambos sectores: Geriátricos y Salud mental. Así, Magnum Capital, un fondo de inversión que compra compañías que no cotizan en Bolsa, las hacen crecer rápidamente y las revenden (4). Adquieren la compañía, aunque se endeuden, sabiendo que son sectores que tienen ganancias aseguradas para poder devolver los préstamos, y si encima están financiados por dinero público, mejor que mejor. Además, compran firmas de la competencia concentrando las empresas del sector en “pocas manos”, dejando fuera de la actividad a las empresas familiares o medianas. Puro capitalismo salvaje donde los pescados grandes se comen a los pequeños y con la ayuda del dinero del Estado en una sociedad donde los problemas de salud mental están aumentando junto al sufrimiento de nuestra gente.

CONTEXTO HISTÓRICO

Para entender por qué se producen estos procesos de privatización haremos primero un breve repaso histórico. Desde hace tiempo venimos diciendo que la Reforma Sanitaria en Andalucía, y la del conjunto del Estado español, se produjo en un contexto de crisis política y de importantes luchas populares. Se quería transformar la dictadura fascista en un sistema parlamentario que conservara todos los poderes esenciales (facticos): Monarquía, fuerzas militares y policiales, bases militares extranjeras y un sistema económico que siguiera beneficiando a las grandes empresas transnacionales. Se trataba de cambiar algo para que lo fundamental siguiera igual. Estos cambios se configuraron a partir de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS) en el año 1986. Antes, Andalucía, consigue el máximo de competencias, entre ellas la sanidad, que solo se había concedido a las llamadas nacionalidades históricas. Esto ocurrió, en gran medida, gracias a las multitudinarias manifestaciones de la población andaluza, el 4 de diciembre de 1977, que reclamaban las máximas competencias para Andalucía (5).

En Andalucía, la reforma sanitaria se va desarrollando con mucho interés y esfuerzo de sus profesionales. Se comenzó a incluir la prevención y promoción de la salud en los nuevos Centros de Salud. A la Atención Primaria se le fue dado un papel principal con diferentes tipos de profesionales y un personal médico formado con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Se desarrollan Programas de Salud como la atención a enfermedades crónicas, al embarazo, la salud infantil, programas de Salud escolar y vacunaciones, o la detección precoz del cáncer. Se reforzaron las actividades de Salud Pública ante epidemias y pandemias, entre otras. Se refuerza también la Atención hospitalaria y sus centros de especialidades para las funciones más específicas. Sin embargo, estos importantes avances se han visto continuamente atacados por las privatizaciones e insuficiente inversión en la sanidad pública.

Estas privatizaciones se producen porque nuestra legislación lo permite. Primero, en su ley básica: la Ley General de Sanidad (LGS). En su artículo 90, aprueba los conciertos con servicios privados. Utilizando palabras evasivas y poco claras: “a terceros”, “con medios ajenos a las administraciones públicas”. Es muy llamativo que en la ley fundamental de la reforma sanitaria se evita continuamente la palabra privado para que pareciera lo que no era. Curioso también cuando dice: previo al concierto, se tendrán en cuenta la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. Condición que no se cumple como continuamente han denunciado las mareas, asociaciones y sindicatos combativos. No solo han denunciado la privatización y paso del dinero público al privado, sino también no cumplir con la utilización óptima de los recursos sanitarios, ya que los servicios sanitarios públicos en Andalucía están infrautilizados. Por ejemplo, implantar turnos de mañana y tarde para consultas, procesos diagnósticos y quirúrgicos con el personal suficiente.

Posteriormente, en el año 1991, se publica el Informe Abril Martorell, que fue el primer intento serio de facilitar la mercantilización del sistema sanitario. La idea fue separar la gestión y provisión (que podrían ser privadas) de la financiación que siguen siendo públicas. Esto es, financiar con dinero público determinados servicios privados. Se introduce el repago en las prestaciones complementarias como el material ortoprotésico. Se facilitó el negocio de contrataciones de sectores tan importantes como las tecnologías sanitarias y la industria farmacéutica (6).

En 1997, el gobierno de Aznar con el apoyo del PSOE y PNV aprueba la ley 15/97 que permite la entrada de entidades privadas en la gestión de centros sanitarios públicos. Las consecuencias están siendo desastrosas en los centros hospitalarios públicos de gestión privada que se implantaron con rapidez. A los problemas de corrupción y despilfarro de dinero público, se une los de la baja calidad del servicio y el empeoramiento de las condiciones laborales del personal. Esta tendencia privatizadora sigue los requisitos que impone el Banco Mundial y la Unión Europea (6).

Actualmente, el gobierno de coalición, mientras se llenan la boca de sanidad pública, elabora un anteproyecto de ley, noviembre de 2021 (7), que vuelve “caer” en el punto fundamental: “…la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevarán a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público. El recurso excepcional a otras fórmulas de gestión habrá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima sus recursos sanitarios propias…(la negrita es nuestra). Nuevamente dejan abierta la puerta a la entrada de la gestión privada, aunque evitan esa palabra y lo vuelven a matizar con su necesaria justificación y uso previo de la utilización óptima de los recursos públicos. ¿No se parece demasiado a la LGS? Sí, y también con el visto bueno de la Unión Europea.

Vemos, por tanto, que las privatizaciones que hemos sufrido desde la reforma sanitaria, desde la LGS de 1986, hasta la actualidad, están amparadas por las leyes de los sistemas capitalista español y europeo. No es de extrañar esta congruencia de una sociedad privada con las privatizaciones de lo público. O, dicho de otra forma, la contradicción de tener servicios públicos en una sociedad privada. Consideramos esta contradicción público-privado otra cuestión esencial de este análisis.

LA DIALÉCTICA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS: LA CONTRADICCIÓN PÚBLICO-PRIVADO

Promover servicios públicos, como sanidad, educación o energía, en una sociedad capitalista basada en la mercantilización, el negocio y la propiedad privada, no deja de ser una contradicción que termina saltando, a favor de lo privado, sobre todo en épocas de crisis capitalistas. El hecho es que la esencia, el ADN, de un Estado capitalista es defender las riquezas de las empresas privadas. Empresas que, en una economía internacional, que va más allá de los Estados, se amplían y concentran en unas pocas corporaciones. Esto provoca la existencia de oligopolios de servicios tan esenciales como la energía, la banca o los medios de comunicación. Pero también de sectores sanitarios o atención a las personas mayores. Ya hemos hablado de la reciente entrada de tres multinacionales europeas en geriátricos privados y de salud mental españolas, muchas de ellas financiadas con dinero público a través de conciertos.

Desde una visión dialéctica cualquier proceso natural o social que se analice, se encuentra que son internamente heterogéneos, diferentes entre sí, contrarios, y que dependen del conjunto superior del que forman parte. Las fuerzas contrarias son consideradas como contradictorias, porque cada una de ellas pugna por prevalecer, por hacerse dominante. En el caso de nuestro sistema sanitario, su heterogeneidad lo marca su carácter público-privado, por un lado, su pretendida naturaleza pública, de todas y para todas; por el otro las continuas privatizaciones que la socaban. Son fuerzas contrarias que pugnan entre sí en un equilibrio dinámico. En la actualidad, nuestro sistema sanitario, siendo de financiación pública, aunque no en todas sus prestaciones (medicamentos y otros productos sanitarios), la gestión y provisión (los servicios que se ofrecen), es cada vez más privada, lo cual hace más inestable al conjunto del sistema.

Incluso en una sociedad capitalista la existencia de servicios públicos financiados por el Estado es siempre beneficiosa para la población. En primer lugar, porque son servicios para todas y por su coordinación. También por la mejor organización y formación de sus profesionales. Unos servicios públicos bien financiados mejoran las condiciones laborales de su personal que, además, revierte en la atención y satisfacción de las personas atendidas. Se dice el sistema público de salud es insostenible, no hay suficiente dinero, entonces, nos preguntamos, ¿por qué se da dinero a los centros privados?, ¿por qué se conciertan servicios con dinero público cuando saldría más barato financiar mejor los centros públicos con más personal e infraestructuras?, ¿por qué se ceden a multinacionales medicamentos de producción pública mucho más baratos?

Si la principal contradicción de una sociedad es ser pública (socialista) o privada (capitalista), todas las contradicciones en los diferentes niveles que lo constituyen vienen marcados por esa contradicción principal del conjunto. Si la sociedad es privada sus fuerzas son determinantes en sus diferentes sistemas. El sistema sanitario es uno de ellos, este contexto marca la deriva, la espiral negativa de privatizaciones que la ahogan y que la destruyen como Sistema Nacional de Salud.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En este breve análisis que acabamos de exponer tratamos de comprender las causas de los procesos privatizadores en el sistema sanitario español y andaluz, desenmascarando los simplismos. Por ejemplo, cuando el gobierno andaluz dice que va a aumentar los presupuestos en sanidad, no dice que gran parte del dinero va a la gestión privada. O cuando dice que no refuerzan personal porque no hay profesionales para contratar, no dice que éstos emigran de Andalucía para mejorar sus condiciones laborales (8). Los problemas se muestran como accidentes sobre los que no podemos hacer nada, evitando analizar con rigor sus causas inmediatas y lejanas. Ver solo los condicionantes externos como una colisión más o menos accidental nos impide analizar el objeto de estudio en sus causas y contradicciones para corregirlas con honestidad.

Mientras la legislación sanitaria española ampare la privatización, defender la Sanidad Pública implica incidir y luchar por los cambios de las leyes en sus aspectos privatizadores. Sabiendo también que las fuerzas que pugnan en el sistema sanitario actual se producen por su contradicción principal: Que la sociedad en la que se encuentra es capitalista, que potencia la mercantilización y el negocio de todos los sectores de la economía. Que esta sociedad a su vez está inserta en el capitalismo mundial. La Unión Europea y sus reglas del juego que tenemos que cumplir es un ejemplo incuestionable. Tener claro esto es saber que reclamar servicios públicos en sectores como el de la salud se encuentra con inconvenientes como los costes de la tecnología sanitaria -privada- o con la resistencia de las empresas privadas que necesitan del dinero del estado para subsistir. Las parcelas públicas del servicio de salud se convierten así en cautivos y meros apéndices de los negocios privados que el estado capitalista apoya y promueve.

En Andalucía, la privatización sigue imparable y los indicadores de insuficiente financiación en los servicios públicos son los peores de todo el estado. Como hemos visto son las legislaciones estatales y europeas de sus sociedades capitalistas las que permiten las privatizaciones en Sanidad y en otros sectores de nuestra economía. La ausencia de soberanía legislativa y política impiden poder reivindicar leyes que blinden la sanidad pública y otros sectores esenciales de nuestra economía. Por eso la lucha por una sanidad pública y contra las privatizaciones en este como en otros sectores de la economía andaluza supone luchar por una auténtica soberanía política. Luchar por un tipo de sociedad que nos lo permita. Si la Salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social, esto implica tener unas adecuadas condiciones económicas y sociales que aporte las necesidades de vivienda, energía, respeto al medio ambiente o unos empleos dignos para todas. Vivir en un ambiente sano y no rodeados de industrias y vertederos. Vivir en un contexto de paz y seguridad y no rodeados de peligrosas bases militares. ¿Esta es la sociedad que queremos para Andalucía?

REFERENCIAS

1.- Vithas y Pascual se llevan sin concurso los mayores contratos de emergencia de la sanidad de Andalucía: conciertos por cinco millones de euros. Consuelo Durán. 20/04/2021.

2.- La Junta de Andalucía aumenta un 43% en un año el presupuesto para externalizar la sanidad pública hacia la privada. Álvaro López. 12/11/2021.

3.- Encuesta de morbilidad hospitalaria. Año 2019. Resultados nacionales. Instituto Nacional de Estadística.

4.- Los fondos de inversión hacen negocio con la salud mental a través de las principales empresas de residencias de mayores. Manuel Rico. 27/09/2021 (actualizado el 15/10/2021).

5.- La reforma sanitaria. La salud, una necesidad de los pueblos. Concepción Cruz Rojo. Andalucía en la Historia. Julio 2018.

6.- ¿Sanidad pública en un sistema privado? Concepción Cruz Rojo. 8-4-2013.

7.- Anteproyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Versión 15 de noviembre de 2021.

8.- Se intensifica la privatización de la sanidad andaluza. Concepción Cruz Rojo. 17/11/2021.

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