¿Hay futuro dentro de la Unión Europea?
En estos días se ha producido una nueva vuelta de tuerca en las imposiciones de la Comisión Europea al gobierno español para desbloquear los 140.000 millones de euros del plan de recuperación europeo. El tímido intento de la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, de revertir ciertos derechos en materia laboral en el borrador de la “contrarreforma laboral”, ha provocado la reacción, no sólo de la patronal española, sino del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien ha advertido que “una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral es la primera prioridad”. Una afirmación tajante y preocupante para el gobierno en tanto pone en riesgo el desbloqueo de las ayudas europeas que ahora mismo son la base del plan de recuperación de la economía del gobierno de PSOE-UP.
De esta manera, la Unión Europea deja claro que si el Estado español quiere beneficiarse del fondo de recuperación europeo, no le queda otra que plegarse a las reformas que vienen exigiendo en los últimos años: fundamentalmente, en materia de pensiones, empleo y la unificación del mercado laboral. Una amenaza velada que recuerda a las imposiciones de la troika austericida en los años posteriores a la crisis del 2008.
Más allá de la noticia concreta, es fundamental debatir sobre una serie de aspectos de vital importancia acerca de la naturaleza y el encaje del Estado español (y Andalucía) en la Unión Europea, y las implicaciones políticas para los movimientos populares y rupturistas del estado.
1. Partimos de que el Estado español en su configuración actual, el denominado Régimen del 78, tiene dos tensiones fundamentales que lo han configurado y determinan su desarrollo bajo el sistema capitalista. El primero y principal, en clave interna, es que la explotación de clase, intrínseca a todo estado capitalista, se da mediatizada o condicionada por la existencia de distintas realidades nacionales en su seno. La segunda, de tipo externa, es la integración del capital español en el marco de la Unión Europea bajo el arrope de la OTAN, con la consiguiente pérdida de soberanía política, económica, monetaria, financiera y defensiva. Ambas son cuestiones fundamentales para esbozar las limitaciones de cualquier proceso revolucionario en el Estado español, como desarrollamos en nuestro documento estratégico. No obstante, aquí vamos a centrarnos en el segundo.
2. La integración europea supone un elemento de primer orden en la caracterización actual del estado. Hoy en día no parecen existir contradicciones entre las distintas fracciones de la pequeña, mediana o gran burguesía con el proyecto europeo, salvando excepciones puntuales de ciertos grupos ante políticas concretas. La integración económica europea no sólo fue necesaria como marco de imposición de las políticas neoliberales, reformas estructurales del estado y aumento de competitividad del capital español desde la década de 1980, sino que será fundamental en los futuros episodios de crisis capitalista (como el actual) para competir a nivel global contra otros capitales. La Unión Europea es el horizonte, el marco, el mantra de la CEOE y de las patronales nacionales y locales para asegurar poder mantener una tasa de explotación elevada y la seguridad de su capital, aunque ello suponga pérdidas sectoriales o parciales. Asimismo, un Estado español fuerte es fundamental para la UE, al ser la cuarta mayor economía. Estará por ver si el desarrollo de esta nueva crisis económica provocará mayores contradicciones entre los capitales estatales y si no decidieran abrazarse a otros actores que se asoman a Europa como China, algo por el momento poco probable.
Todo el marco de relaciones socio-laborales trenzado en la Transición y década de 1980, toda la progresiva legislación en materia laboral y la débil posición de la clase trabajadora en relación a la patronal sería impensable sin comprender la seguridad que la UE ha ofrecido para las grandes empresas. Asimismo, la Unión Europea ha sido la garante de la especialización regional dentro del estado español y la profundización de modelos económicos dependientes como el andaluz. La desaparición de empresas, el debilitamiento de medianas y pequeñas empresas o el alto endeudamiento público ha sido el precio pagado para asegurar en términos generales el aumento de la competitividad de la economía española y blindarla ante futuras tormentas. A día de hoy, es fundamental entender cómo este proceso va a recrudecerse, con la destrucción de empresas, puestos de trabajo y capital, así como la reconversión de buena parte de los sectores menos productivos o menos adaptados a las necesidades que impone el nuevo ciclo de acumulación capitalista a nivel mundial.
3. Volviendo a la actualidad, es de destacar cómo este mantra de la Unión Europea y de las necesarias reformas permea no sólo al “Gobierno más progresista de la historia”, con claros exponentes como la Ministra de Asuntos económicos Nadia Calviño, sino a prácticamente todo el arco parlamentario -exceptuando honrosas excepciones de la izquierda independentista-, y a los llamados “agentes sociales” -patronal y sindicatos “mayoritarios”- que han apuntalado en los acuerdos del Pacto de Toledo las reformas en materia laboral y de pensiones que la Unión Europea demanda. Más allá de promesas electorales de los socios de gobierno o de gestos puntuales de la ministra de Trabajo y Economía Social en material laboral, es evidente que el Gobierno es el primero que no va a querer enfrentarse a la UE. La pugna Díaz-Calviño refleja más bien tensiones de tipo políticas, que diferencias de fondo acerca de la relación del estado con la Unión Europea. Estas reformas que la Comisión Europea tan vehementemente defienden supondrán un paso más en la imposición de los intereses del gran capital en un doble sentido. Por un lado, al precarizar más a la clase trabajadora, con la flexibilización, la pérdida de derechos laborales y el ataque a las pensiones; y, por otro, unificar el mercado a nivel estatal, superando las normativas autonómicas y favoreciendo a las grandes empresas al restar competitividad a las PYMES y autónomos de cada territorio. Una guerra sin cuartel en la que el Gobierno y las instituciones europeas, a pesar de sus diferencias, ya han tomado partido.
4. Andalucía, por su parte, ha visto como la actual crisis ha supuesto una profundización en sus características de economía dependiente y periférica, especializada en sectores de bajo valor añadido y altos costes ambientales y laborales, como son el turístico o agrícola. Esto ha ido acompañado de la destrucción de tejido productivo y empleos y, por lo tanto, un preocupante aumento de la precarización y empobrecimiento de nuestra clase trabajadora. Esta situación no va a hacer más que recrudecerse conforme se vayan aplicando las recetas neoliberales europeas que se están fraguando. Amplios sectores de las clases populares andaluzas, desde la clase obrera, hasta las y los trabajadores autónomos o por cuenta propia, van a verse afectadas por estas medidas, y los estallidos y resistencias van a saltar por diversos lados. Cabe destacar cómo las políticas de la Unión Europea en materia agrícola -la nueva PAC- ya está haciendo reaccionar a sectores de pequeños y medianos agricultores andaluces al ver amenazadas las ayudas que venían percibiendo, a diferencia de los grandes propietarios y fondos de inversión que van a seguir llenando sus arcas a través de los fondos europeos.
Por nuestra parte, no nos queda más que reaccionar ante este ataque frontal a nuestros intereses. Para los movimientos populares, sociales, sindicales, de pensionistas, etc. no hay otra alternativa que responder activamente, a pie de calle, de tajo y de barrio, contra estas reformas y denunciar los efectos devastadores que tendrá sobre la vida de las clases populares andaluzas, sumiéndonos en una mayor dependencia y precariedad. Frente a ello, hay que defender los derechos colectivos conquistados históricamente y la posibilidad de desarrollar económicamente nuestra tierra sin por ello atentar contra la vida de nuestro pueblo o la de otros, ni contra sus recursos.
5. Como hemos visto, la relación del Estado español con la Unión Europea supone, en última instancia, obligar al estado y a los territorios a desarrollarse en un sentido acorde a los intereses de los grandes capitales, así como imponer toda una serie de recetas de flexibilización, unificación y disciplinamiento del mercado laboral y las relaciones laborales en favor de los intereses empresariales. Todo ello cristaliza en un problema político de primer orden: nos referimos a la pérdida de soberanía del Estado español. Es decir, la inexistencia de margen de maniobra en materia de política económica, financiera o social para los gobiernos, por muy progresistas que digan ser o por muy buenas intenciones que tengan, mientras sigan sometidos a los dictados de la Unión Europea.
Si esto es así para los estados miembros de la UE, más lo es para los pueblos sin estado como es el caso del andaluz. Entendemos que no hay alternativa a la situación económica, social y política andaluza mientras permanezcamos atadas y atados como pueblo a la Unión Europea. Es por ello que no habrá soberanía en Andalucía, ya sea como estado independiente o como parte del Estado español, ni ninguna ruptura popular con el régimen sin el establecimiento de una hoja de ruta que plantee la salida de la Unión Europea y el establecimiento de un nuevo proyecto de integración con otros pueblos. Es decir, sin la creación de nuevos lazos comerciales, políticos y económicos con otros países basados en los principios de la horizontalidad, el respeto mutuo por la soberanía y en la no-imposición de sus políticas o intereses económicos.
Es una obligación para todos aquellos movimientos populares que luchan por conseguir conquistas de nuevos derechos, o por defender los ya existentes, cuestionar nuestra permanencia dentro de la Unión Europea, e ir sentando las bases de un futuro de fraternidad y solidaridad entre pueblos soberanos.
¡Por la ruptura con la Europa del capital y de la guerra!
¡Por la Europa de los pueblos soberanos!
